La nueva Ley de patentes genera un entorno legal favorable para la internacionalización y para la transferencia de tecnología

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La nueva Ley de Patentes "genera un entorno legal favorable para la internacionalización y para la transferencia de tecnología, así como ayuda al emprendimiento, con reducción de tasas en función del tipo de empresa” gracias a que, en general, "las reformas administrativas introducidas acelerarán el procedimiento de tramitación, habiendo por tanto una mayor rapidez en la concesión”.

Así lo aseguró Juan Antonio Romero, ingeniero industrial y asociado de Elzaburu, durante la jornada organizada por Elzaburu & Olleros sobre 'El nuevo marco normativo para solicitar Patentes y Modelos de Utilidad en España', en la que también participó el abogado responsable de la Elzaburu & Olleros, Manuel Mínguez.

Durante la jornada se analizó la Ley de Patentes que fue aprobada en 2015 y que introdujo una serie de modificaciones de gran calado que entrarán en vigor el próximo 1 de abril de 2017 y determinarán la forma en la que se solicitarán y protegerán a partir de ahora las Patentes y Modelos de Utilidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En este sentido, Juan Antonio Romero sostuvo que "la norma permite mejorar la protección de los resultados de I+D, logrando un sistema de patentes fuerte que está a la par con el resto de sistemas de nuestro entorno, como el de la Oficina Europea de Patentes, el americano o el alemán, lo que generará que se eliminen desventajas existentes a día de hoy frente a solicitantes que eligen la vía Europea o la vía PCT".

En concreto, según manifestó Manuel Mínguez, abogado responsable de la Elzaburu & Olleros, “la principal novedad que se introduce es la supresión del sistema vigente de solicitud a la carta, siendo obligatorio a partir de ahora la realización de un examen sustantivo que determine si la invención cumple o no con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Ley de Patentes”.

En relación a las novedades en el campo de las invenciones laborales, Mínguez consideró "vital que las empresas regulen en los contratos con los trabajadores la cesión de titularidad de los resultados de investigación, así como la confidencialidad de los mismos y, si fuera necesario, establecer cláusulas de no competencia cuando la relación contractual finalice”.